El adelanto electoral ha frustrado la posibilidad de que se aprueben proyectos legislativos que se estaban tramitando. En el caso de la Ley del desperdicio alimentario, tan sólo le quedaba pasar por la Comisión del Senado, lo que hubiera convertido a España en el tercer país de la Unión Europea en evitar que 1.300 millones de kilos de comida acaben en la basura cada año.

En principio, se asume que la ley se retomará con la formación del próximo Gobierno, toda vez que fue aprobada con el consenso de la mayoría de formaciones políticas. Para la hostelería, uno de los principales afectaos por su aplicación, este nuevo escenario abre la posibilidad de conciliar aquellos puntos que no fueron consensuados en un primer momento.

En este sentido, la Asociación empresarial Marcas de Restauración (MdR) ha organizado junto con la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) la segunda Jornada con el título “Compromiso con la sostenibilidad y el desperdicio alimentario”, en la que varios expertos del sector de la restauración han analizado el impacto y la aplicación de las leyes y la normativa vigente sobre esta materia, y cómo lo están afrontando las grandes cadenas de restauración en España.

En la apertura de este segundo encuentro entre ambas asociaciones, Alejandro Hermo, vicepresidente de Marcas de Restauración, ha puesto de relieve que «Marcas de Restauración está en pleno crecimiento y se ha convertido en una patronal, la cual se ofrece a las administraciones públicas para colaborar y trabajar juntas para llegar a la mejor legislación posible”.

«Queremos esa colaboración y ese diálogo con las administraciones. No queremos que la legislación nos venga impuesta de forma unilateral», remarcó Hermo. Como ejemplo de temas que se podrían haber abordado de forma conjunta, Hermo puso el impuesto al plástico por «complejo y de difícil implementación». Cuestiones a las que no ayudan la carrera legislativa entre comunidades autónomas.

Por su parte, Javier Calderón, director de Empresas y Organizaciones, CEOE ha señalado que “Desde la CEOE y con el apoyo de Marcas de Restauración (MdR) queremos fomentar el diálogo con las administraciones públicas para llegar a un acuerdo legislativo y velar por el bien de las empresas y el sector”.

La Jornada ha continuado de la mano de Mercedes Alsina, jefa de Área de Competitividad, Comercio y Consumo de la CEOE, para quien «se han dejado las grandes letras de la ley escritas«. «No nos preocupa el calendario porque aunque sea una ley pionera, sí tenemos un mensaje esperanzado en cuanto a que nuestras empresas están muy concienciadas». De hecho, asegura que la ley ya está surtiendo efecto gracias a la capacidad de autoregulación de las empresas.

A este respecot, meses atrás fuentes de la asociación indicaban a Sivarious que sus reclamaciones se centran en aspectos como la merma, que bajo su parecer puede no ser desperdicio alimentario, así como que la gestión de residuos no sea impositiva. La secretaria general de Marcas de Restauración, Adriana Bonezzi, trasladó a los diputados responsables del texto la necesidad de dejar claro “hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa de restauración” tras la entrega del paquete con alimentos a los clientes. Asimismo, pide que se tengan en cuenta “criterios de seguridad alimentaria de manera subsidiaria”.