La ley contra el desperdicio alimentario prosigue su camino parlamentario, aunque todavía con muchos puntos a conciliar. Sobre todo de los principales afectados por su futura aplicación, entre los que se encuentran las empresas de hostelería. Pese a generar alrededor del 12% de los desperdicios, el texto aprobado en verano por el Consejo de Ministros introduce demasiadas obligaciones y sanciones al sector, incluido un régimen sancionador que oscila entre 2.001 y 60.000 euros.

En general, el sector hostelero coincide en señalar que la norma ha sido poco consensuada y trabajada con la comunidad. Prueba de ello es que el Ejecutivo no hizo partícipes a todos los agentes claves de la industria. Ni durante el periodo de consulta, ni para la elaboración del texto. Y pese a lo avanzado del proceso legislativo, las principales asociaciones no renuncian a ser escuchadas.

Una de las más interesadas en hacerlo es Marcas de Restauración, que esta misma semana ha visitado al grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados para trasladarles varias propuestas y alegaciones al proyecto de Ley de Desperdicio alimentario. Fuentes del entorno indican a Sivarious que la patronal centra sus reclamaciones en aspectos como la merma, que bajo su parecer puede no ser desperdicio alimentario, así como que la gestión de residuos no sea impositiva.

La patronal centra el foco en aspectos como la merma, las donaciones o la seguridad sanitaria

A través de este encuentro, la asociación encargada de defender los intereses de empresas como McDonald´s o RBI buscaba entender el alcance de las donaciones de excedentes. Y es que, si bien la prioridad de la ley es destinar los desperdicios al consumo humano a través de la donación a empresas, ONG o o bancos de alimentos, de momento no parece haber un consenso sobre su puesta en práctica. De esta forma, habiendo tantos puntos a tener en cuenta, el sector de la restauración organizada ha planteado al impulsor del anteproyecto cierta libertad de los agentes en la toma de decisiones.

En su momento, Marcas de Restauración ya trasladó al Gobierno una serie de enmiendas y observaciones, por lo que en esta segunda ocasión se trataba de tender nuevos puentes de diálogo y colaboración. Su presidente, Carlos Pérez Tenorio, transmitió su compromiso «para ser ejemplo en la implantación de esta ley, dada nuestra experiencia en esta materia”, así como la puesta en marcha de campañas informativas y códigos de buenas prácticas “para dar visibilidad y concienciar al consumidor».

Por su parte, Adriana Bonezzi, secretaria general de la patronal, trasladó a los diputados responsables del texto la necesidad de dejar claro “hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa de restauración” tras la entrega del paquete con alimentos a los clientes. Asimismo, pide que se tengan en cuenta “criterios de seguridad alimentaria de manera subsidiaria”.

Con vistas a mantener este canal, desde el PSOE han agradecido a la asociación su colaboración. Consideran que su interlocución resulta “imprescindible y necesaria para sacar adelante este proyecto de ley con el mayor consenso posible”. Máxime cuando el interés de las empresas de restauración es que la ley salga adelanta sin grande sobresaltos para la cadena.

La hostelería independiente también se mueve

Hace unos meses, Hostelería de España también decidió mover ficha con el objetivo de que los grupos políticos escucharan sus propuestas para mejorar la efectividad de la norma. En su caso lo hicieron reuniéndose en primera instancia con el Partido Popular, pero con idea de hacer llegar estas enmiendas al resto de formaciones.

Tal y como ya informó este medio, la hostelería independiente reclama que se establezca una responsabilidad proporcional a la hora de regular la gestión de desperdicios, así como establecer un plan logístico para las donaciones. Al igual que en la restauración organizada, preocupa la falta de control sobre excedentes cuyo estado o tratamiento pueda verse afectado una vez abandonen el establecimento.

Por otro lado, subrayaban la importancia de establecer un plan de ayudas y subvenciones por parte de las administraciones para hacer viables todas estas medidas.