La restauración colectiva reclama la revisión de precios en los contratos públicos
La inflación y encarecimiento de materias premios asfixia a la restauración a todos los niveles. No obstante, hay actividades más sensibles a subida de precios, como la restauración colectiva. Hasta el punto que la federación que integra a las principales compañías del sector, Food Service España, ha manifestado la gravedad de no poder actualizar el precio de sus servicios cuando este se presta a una administración tras haber ganado un concurso público.
La asociación, que acaba de acordar una mejora salarial en el convenio colectivo, ha hecho un llamamiento a las administraciones para que sean sensibles a la enorme escalada de los precios de las materias primas en los últimos meses.
“Nos enfrentamos a un problema grave, que tiene que ver con la normativa que impide actualizar el precio en un concurso público que dure varios años. Que los precios estén congelados es muy grave para las empresas, porque ellas sí tienen que afrontar las subidas en los salarios, así como los costes de las materias primas y la energía”, señalan desde Food Service.
A este respecto, denuncian que la incapacidad práctica que tienen las empresas para rescindir o desvincularse de concursos públicos que les hayan adjudicado y que en las actuales circunstancias han devenido en ruinosos. “Entendemos que somos un sector de gran volumen, que tenemos una función social importante y que hemos de trabajar con unos márgenes bajos, pero las condiciones han de ser las necesarias para que podamos seguir prestando el servicio de calidad”.
Desde Food Service denuncian que la mayoría de administraciones se resisten a activar mecanismo de revisión de precios
Pese a que estas empresas trabajan para todo tipo organismos e instituciones, asegura que «la mayoría de las administraciones son insensibles y se resisten a activar los mecanismos que vienen establecidos en la Ley para la revisión de precios, y cuando lo hacen, alargan los plazos todo lo posible, provocando que algunas de nuestras empresas se vean obligadas a cerrar”.
Como posible solución a esta situación, la asociación reclama la derogación de la ley de desindexación, la cual impide vincular al Índice de precios al Consumo (IPC) los precios de los contratos públicos, tasas, precios y tarifas, entre otros conceptos. De llevarse a cabo, el sector podría revisar los precios de contratación con centenares de comedores públicos y actualizarlos a los costes actuales.
“En la actualidad estamos viendo como vía decreto y normas especiales, cada vez se dan más excepciones (a esta ley) para sectores públicos cuya parada puede colapsar la sociedad. Como federación hacemos un llamamiento a las administraciones, puesto que en ningún momento nadie podrá exigir a las empresas (del sector) que incurran en pérdidas por mantener su actividad”, concluyen.
