El Senado ha iniciado el procedimiento para adjudicar un nuevo contrato de restauración con el que pretende modernizar y redefinir el funcionamiento de su cafetería y servicios de hostelería bajo criterios de sostenibilidad, alimentación saludable y calidad gastronómica. La licitación incluye la gestión integral de la cafetería, el restaurante institucional, el servicio de vending y la atención de almuerzos oficiales, recepciones y actos protocolarios de la Cámara Alta.
En cuanto a los precios, el Senado establece importes máximos para los productos más habituales. El menú completo no podrá superar los 15 euros, mientras que el café tendrá un precio máximo de 1,50 euros y los desayunos oscilarán entre 2,20 y 3,50 euros.
El nuevo modelo impulsado por el Senado pone el foco en la incorporación de productos ecológicos, frescos y de proximidad. El pliego obliga a las empresas licitadoras a detallar los proveedores y materias primas que emplearán, incluyendo ingredientes, características de los productos y marcas comerciales. Además, se valorará especialmente el uso de alimentos ecológicos o procedentes del comercio justo, así como productos de temporada, sin aditivos y adquiridos minimizando el tiempo entre compra y consumo.
La calidad nutricional será otro de los ejes centrales del contrato. Las empresas aspirantes deberán presentar una propuesta técnica detallada con ejemplos de menús completos, incluyendo una simulación específica para el mes de febrero, así como información sobre el peso mínimo de los platos y la composición nutricional de las distintas ofertas gastronómicas.
El Senado quiere además reforzar la presencia de opciones saludables en todos los espacios de restauración, incluidas las máquinas expendedoras. El pliego contempla una valoración específica para las propuestas que incorporen productos saludables, ecológicos y de comercio justo tanto en cafetería y restaurante como en el servicio de vending.
La Cámara Alta prioriza la calidad alimentaria
La sostenibilidad tendrá un peso determinante en la adjudicación. De hecho, los criterios relacionados con la calidad de los alimentos y de los suministradores podrán alcanzar hasta 40 puntos sobre un total de 100, el mismo peso que la organización general del servicio y muy por encima de la oferta económica, que solo supondrá 20 puntos. Con ello, la Cámara Alta prioriza la calidad alimentaria y los criterios ambientales frente al precio.
El contrato también contempla medidas organizativas dirigidas a optimizar recursos y reducir el impacto ambiental del servicio. Las empresas deberán incluir planes de trabajo, logística, control y contingencia, además de implantar un sistema de comida “para llevar”. Aunque el pliego administrativo no concreta protocolos específicos contra el desperdicio alimentario, sí orienta el servicio hacia modelos de consumo más sostenibles mediante el uso de productos frescos, de cercanía y con menor intermediación.
La licitación prevé una duración inicial de tres años y un valor estimado de 3 millones de euros, sin IVA. El Senado abonará una cantidad fija anual por la puesta en marcha y mantenimiento del servicio, además de los importes derivados de actos institucionales y servicios adicionales.