El proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario no convence a la hostelería. Principalmente porque el texto aprobado por el Consejo de Ministros en junio introduce demasiadas obligaciones y sanciones al sector, sobre todo en comparación con otros actores de la cadena alimentaria.

El proyecto obliga a contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos. De acuerdo con el texto pendiente de ser remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria, las empresas de hostelería tendrán que informar sobre su desperdicio anual y suscribir convenios con entidades de iniciativa social para donar los excedentes. Además, bares y restaurantes deberán ofrecer al consumidor la posibilidad de llevarse los alimentos no consumidos sin coste adicional.

Fuentes hosteleras consultadas consideran desproporcionadas las medidas y las sanciones de hasta 60.000 euros por tirar desperdicios son desproporcionadas. Desde las principales asociaciones coinciden en señalar que se trata de una norma poco consensuada y trabajada con la comunidad, pese al foco que pone sobre ella. Hasta el punto que ya tienen preparadas enmiendas para matizar algunos aspectos del anteproyecto.

Reclaman que se adecúen las sanciones y revisar la cuestión de la donación de excedentes

Según ha podido saber Sivarious, a través de Hostelería de España se ha decidido mover ficha con el objetivo de que los grupos políticos escuchen las propuestas para mejorar la efectividad de la norma. De momento se han presentado al Partido Popular, pero la idea es hacer llegar estas enmiendas al resto de formaciones en los próximos meses, aprovechando que queda todo un trámite para aterrizar la normativa.

Entre otros puntos, reclaman que se establezca una responsabilidad proporcional a la hora de regular la gestión de desperdicios, ya que la hostelería genera el 12%, frente al 53% de los hogares o el 19% de la industria agroalimentaria. «Si miramos los porcentajes nos damos cuenta que hemos focalizado la parte del desperdicio en un sector que participa con una cifra importante, pero no la que más, por tanto hay que dimensionar bien las sanciones y medidas para adecuarlas a una actividad en la que el 90% son microempresas», explica José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid, asociación de la que parten estas alegaciones.

Además de la adecuación de las medidas al tamaño de las empresas, las enmiendas de los hosteleros se centran en el tema de la logística de la donación. «Abogamos más por un plan de reducción de pérdidas alimentarias que evite el tener que donar excedentes. La norma pone poco enfásis en la prevención y más en la donación obligatoria, cuando estamos añadiendo un riesgo evidente en la seguridad sanitaria y trazabilidad del producto», asevera Aparicio.

Aunque el anteproyecto obliga a las empresas de hostelería a trasladar los alimentos a la cadena de donación, preocupa la falta de control sobre excedentes cuyo estado o tratamiento pueda verse afectado una vez abandonen el establecimento. Máxime si se tiene en cuenta que generalmente las cocinas cuentan con procedimientos y protocolos sanitarios para gestionar correctamente alimentos a los que intentan dar salida siempre.

Por otro lado, subrayan la importancia de establecer un plan de ayudas y subvenciones por parte de las administraciones para hacer viables todas estas medidas. «Entendemos que es un esfuerzo global de todos los agentes. No se trata de eludir el compromiso, pero está claro que hay que poner el foco donde se debe, destacan en la asociación madrileña.

El CES llama la atención sobre la «premura» del texto y la falta de consulta al resto de sectores

Al margen de las enmiendas que plantea la patronal de hostelería, el Consejo Económico y Social (CES) ha expuesto importantes observaciones sobre algunos de los aspectos del anteproyecto contra el desperdicio alimentario. Entre otras, considera inadecuado el procedimiento seguido en la consulta, puesto que se han presentado hasta tres versiones diferentes y provisionales del texto. La última de ellas se realizó con una premura de quince días, «tiempo a todas luces insuficiente para abordar un examen en profundidad de un texto de esta naturaleza».

Según el CES, no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la definición concreta de programas para la prevención del desperdicio, y llama la atención sobre el hecho de que tampoco se haya hecho partícipes a todos los agentes claves. «La nueva norma debería tener en consideración las especifícidades de los distintos sectores que van a verse afectados», sobre todo «habida cuenta de la gran proporción de pequeñas empresas», concluye.