La hostelería no puede entenderse al margen de la capacidad de gasto de las familias. Restaurantes, bares, cafeterías y negocios de restauración colectiva dependen directamente de que los consumidores dispongan de recursos para salir, celebrar y disfrutar de experiencias fuera del hogar. Por eso, la evolución de los costes empresariales y la pérdida de poder adquisitivo se han convertido en dos de las principales preocupaciones de Hostelería de España.
Emilio Gallego, secretario general de la organización, identifica dos grandes componentes en la presión económica que soportan actualmente las empresas: el encarecimiento de los alimentos y las bebidas y el aumento del coste laboral. La energía también suma, pero considera que su peso es bastante menor en comparación con esas dos partidas.
El representante de la patronal añade un elemento de preocupación: la evolución de la inflación en España respecto a otros países europeos. Según su diagnóstico, la situación ha cambiado respecto a los primeros años de subida de precios. Si entonces España registró incrementos inferiores a los de algunos países de su entorno, ahora se encuentra en una posición menos favorable, con una evolución de los precios que, a su juicio, resta competitividad internacional.
«En estos momentos los precios están subiendo por encima de lo que está ocurriendo con los países de nuestro entorno», apunta. Una circunstancia que afecta a las empresas, pero también a los consumidores, cuya capacidad de gasto resulta fundamental para la actividad hostelera.
La presión fiscal y la pérdida de poder adquisitivo
Para Gallego, el problema de los costes se combina con una cuestión que considera especialmente grave: la ausencia de Presupuestos Generales del Estado durante los últimos años. A su entender, esta situación ha impedido establecer una planificación adecuada de las inversiones públicas, la renovación de infraestructuras y la asignación de recursos en función de las necesidades existentes.
La patronal defiende que cualquier modificación fiscal debe evitar perjudicar al consumo
Pero su principal crítica se dirige a las consecuencias fiscales de esa ausencia de presupuestos. El secretario general de Hostelería de España sostiene que la falta de actualización de los tramos del IRPF conforme a la inflación ha provocado un incremento de la carga tributaria sin una revisión específica de los tipos impositivos en el Parlamento.
Gallego considera que, al no deflactarse esos tramos, la subida de los salarios nominales asociada a la inflación termina situando a trabajadores y contribuyentes en niveles de tributación superiores, aunque su capacidad adquisitiva real no haya mejorado en la misma proporción.
«La presión fiscal ha crecido mucho porcentualmente e individualmente por trabajador», afirma. En su opinión, ese incremento ha ido restando recursos a las familias, los ciudadanos y los consumidores.
La cuestión tiene una repercusión directa sobre la hostelería. Se trata de un sector vinculado al consumo, en el que una parte importante de la actividad depende de decisiones de gasto que no son imprescindibles para los hogares. Cuando disminuye el dinero disponible, las salidas a restaurantes, las celebraciones, los banquetes y otros momentos de ocio pueden verse afectados.
Por eso, Gallego considera que cualquier modificación fiscal debe evitar perjudicar al consumo. «Los impuestos no pueden subir», resume al plantear las prioridades de la organización. Y añade que cualquier reestructuración tributaria debe tener cuidado de no frenar el gasto de las familias, al que define como uno de los motores fundamentales de la economía.
El gasto público frente a la inversión privada
El secretario general de Hostelería de España también cuestiona la composición del crecimiento económico de los últimos años. A su juicio, una parte muy importante ha descansado sobre el gasto público, una situación que considera necesario reconducir.
Gallego utiliza la imagen de una tarta para explicar su planteamiento: si la parte destinada al gasto público continúa creciendo, lo hace a costa del consumo privado y de las decisiones de gasto de las familias.
De ahí que reclame una racionalización del gasto público y una reactivación de los sectores privados de la economía. El objetivo, explica, debería ser impulsar principalmente la inversión empresarial y el consumo de los hogares.
En este contexto, menciona el volumen de fondos europeos Next Generation, que cifra en 160.000 millones de euros, y considera que una parte de esos recursos no se ha invertido adecuadamente. Según su interpretación, la combinación de esos fondos con el incremento de los ingresos fiscales ha contribuido a un sobredimensionamiento del gasto público.
Una vez agotado ese impulso, sostiene, resulta necesario que la inversión privada y el consumo de las familias recuperen protagonismo para mantener el crecimiento económico.
«Lo que necesitas es compensar con una dinamización de la inversión y del consumo privado», explica. Para Gallego, la recuperación del sector privado pasa por que las empresas vuelvan a invertir y los ciudadanos dispongan de capacidad económica para consumir.
La propuesta se traduce en dos grandes líneas de actuación: evitar nuevas subidas fiscales que perjudiquen al consumo y revisar la utilización de los recursos públicos para favorecer la actividad económica privada.
El absentismo y la incapacidad temporal, otra reforma pendiente
Junto a las cuestiones fiscales y económicas, Gallego sitúa el absentismo laboral y la incapacidad temporal entre los asuntos que necesitan una revisión urgente.
El secretario general asegura que el coste del absentismo se ha duplicado en los últimos cinco años, pasando de 16.000 a 32.000 millones de euros para las arcas públicas. Una evolución que relaciona, en parte, con las deficiencias del funcionamiento de los servicios sanitarios.
Las listas de espera, los retrasos en los diagnósticos y los largos procesos de rehabilitación pueden prolongar las bajas laborales más de lo necesario, sostiene. A su juicio, esta situación perjudica tanto a las cuentas públicas como a las propias personas trabajadoras, que permanecen durante más tiempo del debido fuera de su actividad mientras esperan una operación o un tratamiento.
Gallego insiste en que la posición de la patronal no consiste en eliminar derechos ni reducir prestaciones, sino en mejorar la eficiencia con la que se aplican los recursos disponibles.
«Racionalización de gasto, no eliminación de derechos», resume. En su opinión, es necesario revisar los controles y garantizar que las prestaciones se utilicen adecuadamente, sin descartar que puedan existir situaciones de abuso o fraude.
El dirigente empresarial considera que España dispone de un sistema de prestaciones que debe protegerse, pero advierte de que el coste de una utilización ineficiente termina repercutiendo sobre las familias y las empresas a través de los impuestos.
Por eso, reclama abordar el absentismo desde una perspectiva más amplia, que tenga en cuenta tanto la eficiencia del gasto público como la mejora de los procesos sanitarios y la recuperación de las personas trabajadoras.
La hostelería necesita consumidores con capacidad de gasto
Todas estas reivindicaciones tienen una conexión directa con la actividad hostelera. Gallego recuerda que los negocios dependen de las decisiones cotidianas de consumo de la población: salir a comer, acudir a un bar, organizar una celebración familiar o contratar un banquete.
«De eso viven los restaurantes, de eso viven los bares, de las celebraciones, de los banquetes», señala. La actividad no depende únicamente de que los establecimientos mantengan una oferta competitiva o gestionen adecuadamente sus costes. También necesita que los consumidores dispongan de recursos para elegir gastar una parte de sus ingresos en ocio y restauración.
Por eso, el secretario general de Hostelería de España considera prioritario que las políticas económicas favorezcan la inversión privada y el consumo familiar. A su juicio, la hostelería necesita un entorno en el que los costes no sigan aumentando, la presión fiscal no reduzca la capacidad adquisitiva y las empresas puedan desarrollar su actividad con mayor estabilidad.
El diagnóstico de Gallego sitúa así el debate más allá de las cuentas de resultados de cada establecimiento. La rentabilidad empresarial está condicionada por decisiones económicas que afectan tanto a los costes de producción como al bolsillo de los clientes. Y, en un sector que vive directamente del consumo, la capacidad de gasto de las familias termina siendo tan importante como la gestión interna de los negocios.