La nueva Ley de Desperdicio Alimentario no admite debate, pero sí consenso entre todos aquellos involucrados, desde consumidores a restaurantes y bares. Aunque la norma acaba de echar a andar, desde AECOC valoran positivamente su reciente aprobación y reafirman su compromiso con la lucha contra el desperdicio de alimentos. Como asociación que agrupa que agrupa a más de 34.000 empresas de la industria y la distribución de diferentes sectores empresariales, defiende la necesidad de un sistema eficiente para la recepción y distribución de productos donados.

Esta valoración se ha llevado a cabo durante el acto de presentación del Barómetro del Desperdicio Alimentario por AECOC en colaboración con la empresa dedicada a la gestión de excedentes alimentarios en España, Phenix. Entre sus conclusiones, confirma que el desperdicio en la restauración preocupa a la población.

Así, el 89% de los consumidores ya pide llevarse la comida sobrante cuando sale a comer fuera, frente al 58% en 2016. Sin embargo, aún existen barreras, ya que uno de cada cuatro afirma que no es fácil encontrar restaurantes que lo ofrezcan y un 12% lo considera poco práctico. Las medidas mejor valoradas en hostelería incluyen la posibilidad de que los restaurantes ofrezcan envases para llevarse la comida sobrante (67%), la opción de menús de última hora a precios reducidos (61%) y la posibilidad de elegir menús con distintas cantidades para evitar sobras (44%).

La hostelería es, de largo, uno de los ámbitos que más cambios afronta con la puesta en marcha de esta ley. Todos los establecimientos deberán ofrecer envases reutilizables o reciclables para que los clientes puedan llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido –salvo en los establecimientos tipo bufé libre o similares-.

Asimismo, bares y restaurantes se comprometerán a implementar planes específicos para minimizar el desperdicio, a través de medidas como adaptar las raciones o gestionar mejor sus compras y almacenaje. En caso de incumplimiento, la norma contempla tres niveles de infracción: leves (con multas de hasta 2.000 euros), graves (hasta 60.000 euros) y muy graves, que pueden alcanzar los 500.000 euros para aquellas conductas reincidentes o con un impacto significativo en la cadena alimentaria.

Según, Nuria de Pedraza, directora de comunicación de AECOC, “el principal desafío tras la aprobación de la ley será poder garantizar que en cualquier localidad de España hay entidades receptoras suficientes y con los medios humanos y equipamiento necesario para poder acoger el gran volumen de donaciones a raíz de esta aprobación. En este sentido será especialmente importante poder garantizar que la distribución, la manipulación y la conservación de estos productos donados se lleve a cabo garantizando en todo momento la seguridad alimentaria”.