Hace escasas semanas el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ordenó el derribo del hotel Riu Oliva Beach y de los apartamentos anexos al complejo. Por su parte, RIU Hotels & Resorts considera que la decisión de la institución es una acción “arbitraria y carente de argumentos” y ha comunicado que defenderá sus derechos legítimos ante la que considera una estrategia hostil de este departamento del Gobierno central.

En este contexto, la cadena mallorquina estima que hay pruebas que evidencian que la estrategia del Ministerio es “premeditada” ya que “ha buscado desde el principio producir la caducidad de una concesión en vigor para el uso de las instalaciones hoteleras que quedaron en dominio público”.

Y, con ello, el cierre de una instalación “que siempre ha desarrollado su actividad en plena situación de legalidad y con pleno respeto a la normativa respecto a la legislación que regula la gestión del litoral, así como en cualquier otra consideración urbanística y medioambiental”.

La compañía defiende que la decisión ministerial carece de argumentos válidos y es parte de una estrategia premeditada.

Cuando se hizo pública la orden por parte de la institución, se conoció la intención del grupo hotelero de interponer un recurso para tumbar una resolución que supone un golpe de dimensiones mayúsculas para la isla de Fuerteventura.

En cuanto a la estrategia del Ministerio, parte de ella se ha centrado en argumentar la comisión de infracciones por parte de RIU, pero la hotelera subraya su historial de respeto a la normativa y se desmarca de cualquier infracción que se le impute.

Argumentos “falsos, desproporcionados e incompletos”

De esta forma, RIU asegura que la resolución del departamento del Gobierno central, se basa en argumentos “falsos, desproporcionados e incompletos” y tergiversan la realidad física del inmueble, objeto de la concesión: en ningún caso es cierto que se haya ocupado mayor espacio de dominio público que el referido en el ámbito de la concesión, tal y como argumentaba el expediente abierto por el Ministerio de Transición Ecológica.

De la misma manera, la compañía asegura que es falso que existan usos no autorizados dentro del ámbito de la concesión, ya que todos los citados en el expediente, como es el caso del bazar, son usos complementarios consolidados y absolutamente habituales en la instalación hotelera.

También, ratifica tenazmente que no es cierto que se hayan ejecutado obras sin autorización en el ámbito de la concesión. A su vez, recuerda que, tras la transferencia de las competencias de Costas a la Comunidad Autónoma de Canarias, el organismo no tiene legitimación competencial.

Estrategia premeditada

La cadena hotelera considera que la actitud del Ministerio de Transición Ecológica es “escandalosa y que se trata del colofón de una estrategia premeditada”, que arrancó en el año 2018 con un claro objetivo: forzar la caducidad de la concesión.

RIU argumenta que esta decisión estaba prefijada de antemano y que se han buscado los argumentos necesarios posteriormente, habiendo una clara manipulación de los hechos.

Manipulación de hechos y obstrucción a las mejoras del hotel

Por otro lado, la cadena denuncia que dicha institución haya “obstaculizado cualquier actuación por parte de RIU” para, siempre con pleno respeto a la normativa, mejorar las instalaciones del hotel. Y que para ello, ha dilatado durante años la resolución sobre la autorización de las obras solicitadas e impugnando posteriormente la autorización otorgada por el Gobierno de Canarias, una vez transferidas las competencias de Costas.

RIU destaca que han tratado de anular la concesión con una revisión de oficio que acabó archivada por falta de apoyo de la Abogacía del Estado.

El proceso de caducidad por infracciones en la concesión, que RIU considera abultadas y manipuladas, que ha iniciado el Ministerio se ha tomado con una rapidez que sugiere un interés deliberado, critica la cadena. A su vez, recuerda que para ello ha tenido que desafiar actos propios, como la transferencia de las competencias de Costas al Gobierno de las Islas Canarias.

Por otro lado, la cadena mallorquina considera firmemente que el departamento del Gobierno central “no ha evaluado las consecuencias de su actitud y decisión para el interés general de la isla de Fuerteventura”, ya que el posible cierre del hotel tendría graves implicaciones económicas y sociales.

Daños económicos y sociales potenciales

El hotel fue construido en 1972 en el municipio de La Oliva, y se convirtió en un hotel de la cadena RIU en el año 1995. El Oliva Beach no solo jugó un papel trascendental en el desarrollo de Fuerteventura, creando centenares de puestos de trabajo, dando formación y generando riqueza, sino que, además, consiguió abrir el camino convirtiéndose en un referente del turismo internacional liderando la imagen de excelencia del destino Fuerteventura y Canarias en el mundo.

A día de hoy, el hotel sigue teniendo una gran relevancia para la sociedad del municipio de La Oliva y de toda la isla de Fuerteventura llegando a crear 600 puestos de trabajo, directa o indirectamente.

Son puestos de trabajo que ahora están en riesgo por las «infundadas» pretensiones del Ministerio de Transición Ecológica, critica la empresa; a lo que hay que añadir el daño indudable que el cierre del hotel produciría sobre el tejido productivo del norte de Fuerteventura.

Como dato de referencia, la cadena quiere resaltar que solo los clientes del Riu Oliva Beach y de su vecino Riu Palace Tres Islas mantienen el movimiento de 1,5 aviones diarios con destino a la isla de Fuerteventura, con un impacto económico de 13,6 millones de euros anuales de facturación para la isla de Fuerteventura, según indican los datos oficiales recogidos por el Ayuntamiento de La Oliva.

Sin embargo, el impacto económico real para la isla de Fuerteventura supera los 27 millones de euros si añadimos el gasto en el destino realizado por los clientes del hotel a lo largo del año.

Defenderá sus derechos en todos los procesos judiciales

La cadena RIU denuncia que se siente víctima de esta actitud del Ministerio de Transición Ecológica, e insiste en la defensa de sus derechos, no solo por su interés empresarial sino también, y sobre todo, por el compromiso sostenido con sus trabajadores, con sus proveedores y con la isla de Fuerteventura en su conjunto; que a través de sus instituciones y de los partidos políticos con representación en ellas, así como de los agentes económicos y sociales, empresarios y sindicatos, ya han mostrado un apoyo sin fisuras al futuro del Oliva Beach.

Finalmente, y respecto a la querella presentada por RIU contra los tres altos cargos ministeriales relacionados con la tramitación de los expedientes de revisión, sanción y caducidad de la concesión del hotel, la cadena considera que fue una acción necesaria para la defensa de sus legítimos derechos, y recuerda que su admisión a trámite fue defendida hasta el final por los distintos fiscales que participaron en la causa.

RIU Hotels & Resorts, que respeta y confía en el Estado de Derecho, se defenderá en todos los procesos judiciales que se abran a partir de ahora, que entiende le quitarán la razón al Ministerio para la Transición Ecológica.