Las tres asociaciones de hostelería de Euskadi (SEA Hostelería-Ostalaritza, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa y la Asociación de Hostelería de Bizkaia) han activado las reclamaciones patrimoniales contra el Gobierno vasco por los cierres derivados de la covid-19 entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.

En principio, se calcula que hasta medio millar de empresarios podrían reclamar compensaciones tras las sentencias del Tribunal Supremo en las que daba la razón a los hosteleros vascos al declarar la nulidad de las disposiciones recurridas. “Se nos ha utilizado de cabeza de turco para tapar la incompetencia de quien lo tenía que haber hecho bastante mejor”, denunciaban hace meses desde la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa

No obstante, cada establecimiento o empresa tendrá que analizar si merece la pena iniciar el procedimiento según sus cifras de negocio y los días en que su municipio se vio afectado por los cierres de actividad derivados de los Decretos del Lehendakari.

Según han informado las asociaciones, en los próximos días iniciarán una campaña de difusión por los perjuicios económicos sufridos durante los 62 días en los que los negocios tuvieron que permanecer cerrados.

«Desde las Asociaciones de Hostelería se ha intentado que el Gobierno Vasco reconociera su responsabilidad en lo sucedido, pero lo que se ha recibido ha sido una respuesta negativa en tal sentido, oponiéndose a valorar compensación alguna», explican las entidades. 

Y añaden que la Hostelería de Euskadi, «que se sienta dañada y merecedora de una reparación por los días de cierre sufrido en el período que va desde el 10 de diciembre de 2020 hasta el 9 de febrero de 2021, está en su perfecto derecho de iniciar el procedimiento de reclamación patrimonial, que se espera sea tenido en consideración por el Tribunal Supremo».

A nivel nacional, aquellos hosteleros que se pusieron en manos de Hostelería de España para reclamar daños y perjudicios directamente al Gobierno se han encontrado con la falta de respuesta de este último, por lo que llevan meses preparando las correspondientes demandas ante el Supremo.