En julio, los ocho municipios de Menorca activaron la prealerta por sequía y anunciaron un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis del agua. Entre ellas, el cierre de las fuentes públicas, la suspensión del riego en rotondas, parques, jardines y demás zonas verdes, así como la prohibición de limpiar vehículos y embarcaciones con manguera. También se vetaron los repostajes para cruceros y barcos de gran calado.
De forma paralela, las autoridades enviaron cartas a residentes y turistas con el objetivo de concienciar sobre la gravedad de la situación: según el índice global de la Demarcación Hidrográfica, las reservas de agua de la isla han caído al 38%, el nivel más bajo registrado en los últimos 40 años.
Mientras los 100.000 residentes de la isla, junto a los cerca de 200.000 turistas que, según el Observatorio Social y Ambiental, llegan cada agosto, trataban de reducir al máximo el consumo de agua, un grupo de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil intervenía en el agroturismo Cap Menorca, en el municipio de Alaior. Allí clausuraron un pozo ilegal que extraía a diario 40.000 litros de agua potable, una práctica confirmada tanto por los propios agentes como por los dueños del establecimiento, según ha informado elDiaro.es.
El hotel rural de Alaior, que ha sido denunciado por la Guardia Civil por la extracción ilegal de agua en uno de sus pozos, se benefició de una subvención de 990.950 euros de los fondos europeos por ser un ejemplo de turismo “eco-responsable”.
El hotel Cap Menorca abrió sus puertas en mayo de 2024
En este contexto, Fuentes del Instituto Armado confirmaron que la operación sigue en curso y que las investigaciones permanecen abiertas, por lo que no se descartan nuevas actuaciones contra posibles infractores en las próximas semanas. Los responsables del hotel han declinado hacer declaraciones sobre el hallazgo del pozo ilegal. Tampoco se han pronunciado respecto al hecho de que, según consta en su página web, el establecimiento recibió en 2021 un millón de euros de los fondos europeos Next Generation, destinados a proyectos con “compromiso ambiental” y orientados al “crecimiento económico sostenible”.
Cabe destacar que el proyecto de Cap Menorca superó todos los trámites ambientales y urbanísticos para abrir en 2024. Lo logró sin ocultar la construcción de 16 piscinas, una de ellas de 500 metros cuadrados, algo que sería imposible con la normativa vigente hoy.
La reconversión de las antiguas baterías militares de Llucalari en un exclusivo alojamiento turístico con capacidad para 30 personas supuso una inversión de 4,3 millones de euros, de los cuales una cuarta parte se financió con fondos públicos. Así se recoge en la resolución de la convocatoria del Ministerio de Hacienda, que distribuyó en toda España 170,5 millones de euros procedentes de la Unión Europea para impulsar 93 proyectos empresariales orientados al “crecimiento económico inclusivo y sostenible”.
Tras una década de trámites, el alojamiento sufrió un recorte importante en su planteamiento inicial, que incluía unas llamativas habitaciones colgantes. Sus plazas quedaron reducidas a un 40 por ciento.