Los empresarios y autónomos afectados por las restricciones impuestas durante la pandemia siguen su camino judicial. Tres años después de la declaración del primer estado de alarma, que obligó a cerrar los comercios no esenciales, empiezan a llegar al Tribunal Supremo las reclamaciones de indemnización presentadas por profesionales de sectores como la hostelería.

Según la información adelantada por EFE, el alto tribunal afronta a partir de septiembre la resolución de miles de indemnizaciones a empresarios y autónomos afectados por las restricciones impuestas durante los estados de alarma de la pandemia del Covid-19. Alrededor de 7.000 recursos por reclamaciones patrimoniales esperan sentencia, aunque la cifra podria llegar a los 9.000 durante las próximas semanas.

Ante el volumen tan elevado de recursos, la Sala tratará de agilizar el proceso fijando la jurisprudencia a seguir a partir del análisis de seis o siete expedientes. Desde la agencia señalan que la base de la mayoría de recursos son los daños económicos causados, y es precisamente en la cuestión de todo el dinero implicado donde radica la complejidad del asunto, si bien unos reclaman daños totales y otros parciales.

Las reclamaciones de hosteleros superan el millar

A este respecto, algunas reclamaciones se enmarcan en el primer estado de alarma y otras en el segundo, mientras que unas están dirigidas contra el Estado y otras las comunidades autónomas. Esta última cuestión ayuda a dirimir qué parte asumiría los costes de las reclamaciones en el caso de ser avaladas.

Como ya informó Sivarious hace meses, aquellos hosteleros que se pusieron en manos de Hostelería de España para reclamar daños y perjuciios directos se dirigieron al Supremo ante la falta de respuesta por parte de la administración. La mayor parte de los recursos se presentaron ante el Supremo a principios de año, tras un año y medio de espera.

A la espera de que se emitan las primeras resoluciones, las reclamaciones por responsabilidad patromonial de la hostelería superan el millar. Y aunque las cuantías que varían según el caso, desde la patronal señalan que se trata de una tabla de salvación para numerosos negocios.

Desde Cremades & Calvo Sotelo, el despacho que lleva este proceso, se manifestaban entonces «moderadamente optimistas». Sobre todo después de que el alto tribunal hubiera revocado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anuló el cierre del interior de los locales de hostelería de la comunidad autónoma que decretó la Consejería de Sanidad en noviembre de 2020.

«El planteamiento que vamos a sostener ante el Supremo no se refiere a que los poderes hicieran una mala gestión de la pandemia, sino que habiéndose producido unos daños y perjuiios, existe una obligación de responder e indemnizar a todos los hosteleros», razonaba Diego Solana Giménez, socio del despacho.