La restauración colectiva reclama actualizar los contratos públicos ante la subida del SMI

Gestión 17/11/2026

La restauración colectiva vuelve a poner sobre la mesa uno de sus principales problemas estructurales: el desfase entre la evolución de los costes laborales y los precios fijados en los contratos públicos. Food Service España (FSE), la patronal del sector, ha valorado positivamente la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), aprobada este martes por el Consejo de Ministros, aunque reclama que este incremento vaya acompañado de una actualización de los contratos a través de los que se presta buena parte del servicio.

El nuevo real decreto eleva un 5,3% el salario mínimo en 2027, hasta los 1.286 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 18.004 euros anuales. Una mejora salarial que, según la organización integrada en alianzAS, debe tener su reflejo en las condiciones económicas de los contratos públicos para evitar que las empresas asuman en solitario el impacto de los cambios normativos.

La reivindicación afecta a una actividad con un importante peso en el empleo y en la prestación de servicios esenciales. Food Service España agrupa a más de 130 empresas que alimentan a 8,7 millones de personas en colegios, hospitales, residencias, empresas y centros penitenciarios. El sector cuenta con más de 95.000 profesionales, entre cocineros, ayudantes de cocina, monitores, nutricionistas y personal de logística, que hacen posible la elaboración y distribución de 4,1 millones de menús diarios.

La evolución de esta referencia salarial no ha venido acompañada de instrumentos suficientes

En un negocio intensivo en mano de obra, el coste de personal representa aproximadamente un tercio del precio de cada menú. De ahí que las sucesivas subidas salariales tengan un efecto directo sobre las cuentas de las compañías, especialmente cuando trabajan con contratos públicos cuyos precios permanecen fijados durante varios años.

Un desfase entre costes y precios

El problema, advierte FSE, reside en que las empresas deben aplicar las mejoras salariales desde el 1 de enero, mientras que los contratos públicos mantienen las condiciones económicas con las que fueron adjudicados. Además, el marco de revisión de precios, condicionado por la Ley de Desindexación, dificulta trasladar a esos contratos los sobrecostes derivados de cambios normativos como las subidas del SMI.

Una situación que adquiere mayor dimensión si se tiene en cuenta que el salario mínimo ha aumentado un 75% desde 2018. Para la patronal, la evolución de esta referencia salarial no ha venido acompañada de instrumentos suficientes para adaptar los contratos a la nueva realidad de costes.

«Celebramos que el salario mínimo siga avanzando. Detrás de cada menú hay personas, y su trabajo sostiene cada día un servicio esencial. Por eso pedimos que el contrato público avance al mismo ritmo. No reclamamos subidas automáticas, sino mecanismos proporcionados de actualización», señala Mario Agudo, portavoz de Food Service España.

La organización advierte de que mantener esta brecha durante la vigencia de los contratos puede comprometer la rentabilidad y la continuidad de las empresas adjudicatarias. «Si el contrato no se adapta, se compromete la viabilidad de un sector que atiende a colectivos tan sensibles como los escolares, los pacientes de un hospital o nuestros mayores», añade Agudo.

La sostenibilidad económica de un servicio esencial

La reclamación de la patronal apunta así a una cuestión que trasciende el impacto de una subida salarial concreta. La restauración colectiva depende en buena medida de licitaciones públicas y de contratos de larga duración, en los que las compañías deben garantizar la prestación del servicio y mantener sus compromisos laborales pese a la evolución de los costes.

En este contexto, FSE defiende que la actualización de los contratos no debe entenderse como una mejora automática de las condiciones económicas de las adjudicaciones, sino como una herramienta para acompasar las obligaciones laborales impuestas por la normativa con los recursos disponibles para prestar el servicio.

El objetivo, sostiene la patronal, es preservar la capacidad de las empresas para seguir ofreciendo una alimentación diaria segura y de calidad en ámbitos especialmente sensibles, al tiempo que se garantiza el empleo de los miles de profesionales que sostienen la actividad. Una ecuación en la que la evolución de los salarios y la adaptación de los contratos públicos se han convertido en dos variables cada vez más difíciles de separar.

Noticias relacionadas

Ver más noticias relacionadas