Cooperación, control y sostenibilidad como bases del plan. A escasos días de cerrar la temporada estival de 2025, los datos registrados por la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) muestran que Ibiza ha seguido creciendo en número de turistas. Según la Fehif, la ocupación media en las Pitiusas se situó en julio en el 88,7%, un punto por encima del mismo mes de 2024.
Como uno de los referentes internacionales del turismo mediterráneo, Ibiza, se enfrenta a una amenaza que compromete los fundamentos de su modelo turístico: la proliferación de la oferta ilegal de unidades alojativas. Un fenómeno que no solo vulnera la normativa vigente, sino que deteriora la calidad del destino, distorsiona la competencia, sobrecarga las infraestructuras, encarece el acceso a la vivienda para residentes y afecta negativamente a la convivencia ciudadana y a la imagen de la isla.
Con el objetivo de poner fin a esta situación el Consell Insular d’Eivissa ha impulsado el Plan de Choque contra el intrusismo en la isla de Ibiza, una iniciativa integral con una dotación superior a los 22 millones de euros para el periodo 2025–2027. Este presupuesto procede del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que abonan directamente los turistas, y cuya asignación fue aprobada por la Comisión de Impulso de Turismo Sostenible de las Illes Balears.
La mitad de los fondos será gestionada por el Consell y la otra mitad distribuida entre los cinco ayuntamientos de la isla.
En qué consiste el plan de Ibiza contra el alojamiento ilegal
Cabe destacar que el Plan de Choque ha sido presentado recientemente por el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, en el foro internacional Unbalanced Rollercoaster: EU Tourism tools for a Smoother Ride, organizado por la Comisión Europea.
En este sentido, la estrategia no solo permite ampliar recursos humanos y medios tecnológicos, sino que se orienta a conseguir resultados visibles a corto plazo: intensificación de las inspecciones, aumento de los expedientes sancionadores, control sistemático de plataformas digitales, campañas informativas y mejora de la coordinación interinstitucional.
Según estimaciones de la Dirección Insular de Intrusismo, la oferta ilegal alcanzó en 2021 las 2.521 viviendas turísticas y 17.218 plazas. Además, atendiendo al pico de oferta alcanzado en 2021, se estima que podría llegar a un máximo de 2.730 unidades y 18.619 plazas.
A su vez, en el marco de esta estrategia, el Consell Insular ha creado la Mesa de Intrusismo de la isla de Ibiza, órgano colegiado y consultivo que permite la participación de administraciones, fuerzas de seguridad, sector empresarial y plataformas digitales.
Refuerzo institucional y reorganización administrativa
En esta misma línea, como refuerzo jurídico y operativo, el Consell aprobó el Plan de Inspección Turística 2025, que introduce un Plan Especial de actuación específicamente enfocado en la detección de unidades alojativas comercializadas ilegalmente. Este programa prioriza aquellas ubicaciones con antecedentes sancionadores, unidades en edificios plurifamiliares y casos con quejas reiteradas.
Una de sus claves es la identificación de los propietarios o comercializadores responsables, instándolos a asumir su responsabilidad sobre lo que ocurre en sus propiedades.
En paralelo, se ha reestructurado la Oficina de Lucha contra el Intrusismo para integrarla en la arquitectura organizativa del Consell. Su nueva configuración refuerza la coordinación entre departamentos y permite incorporar herramientas digitales, análisis de datos, asesoramiento legal y comunicación institucional, dotando de estabilidad a las actuaciones contra el intrusismo tanto en alojamiento turístico como en el sector del transporte.
Ibiza colabora con plataformas digitales
Sin duda, uno de los resultados más relevantes de este espacio es el nuevo acuerdo alcanzado con Airbnb como la plataforma con mayor número de anuncios publicitados en la isla de Ibiza. Este convenio permite eliminar anuncios de unidades no susceptibles de ser viviendas, así como retirar anuncios asociados a expedientes sancionadores desde su apertura.
También limita la publicación de anuncios sin número de registro y establece como hito la eliminación total de los anuncios sin registro antes de mediados de septiembre de 2025. A su vez, en colaboración con otras plataformas como Booking, ya se ha logrado la eliminación de cientos de anuncios manifiestamente irregulares.
Estos acuerdos de colaboración están siendo replicados por otras islas del archipiélago balear y ya han sido adoptados como referencia en destinos como la Región de Murcia o las Islas Canarias.
¿Un modelo que da resultados?
En este contexto, no pueden obviarse los avances normativos. En 2024, el Parlament de las Illes Balears aprobó nuevas disposiciones legales que refuerzan la lucha contra la actividad turística ilegal y clandestina.
Estas normas, orientadas a la promoción de un turismo responsable, introducen nuevas obligaciones, refuerzan los mecanismos de inspección y sanción, y sitúan a los Consejos insulares como actores clave en la vigilancia y ordenación del modelo turístico. Su lenguaje es claro: la actividad debe ser legal, transparente y respetuosa con el entorno y la comunidad que la acoge.
Los datos de reducción de la oferta ilegal en plataformas son alentadores y confirman que el camino iniciado es el correcto. Esta tendencia positiva fortalece la convicción del Consell de que solo desde la legalidad y la sostenibilidad puede garantizarse un futuro turístico de calidad, equilibrado y respetuoso con los residentes y el entorno.
