No hace ni un año, la hostelería afrontaba con convencimiento la llegada al Tribunal Supremo de miles de reclamaciones por las restricciones frente a la pandemia. La justicia había revocado muchas de las medidas adoptadas y hacía pensar en resoluciones favorables. Hoy, tras ver desestimadas más de un centenar de demandas, cunde una resignación que lleva a dar por perdida la batalla legal.

Los hosteleros se han dado de bruces con las puertas del Tribunal Supremo. En noviembre la sala de lo contencioso-administrativo desestimó el primer recurso, presentado por los responsables del Hotel Palace Alhambra de Granada, bajo el razonamiento de que la vía de reparación para daños económicos tenían que ser las ayudas públicas, «que se concedieron ampliamente». Desde entonces se han ido sucediendo cada vez más sentencias, todas en la misma línea. Ante la invariabilidad de este criterio, Hostelería de España descarta la posibilidad de que prospere ninguna de las 4.000 reclamaciones planteadas, según avanzaba hace unos días Cinco Días.

«La verdad es que los pronunciamientos por parte del Supremo están siendo un jarro de agua fría», declara Emilio Gallego, secretario general de la patronal, en conversaciones con Sivarious. «Es cierto que no todos los casos son iguales y todas las empresas reclaman por los mismos motivos, pero desde que a finales del año pasado se empezaron a producir las primeras sentencias, lo que estamos viendo es que, independientemente de los argumentos y casuísticas, está haciendo un corta y pega en las repuestas«.

Además de desestimar la responsabilidad patrimonial del Estado, esta cascada de sentencias lleva aparajeda la imposición costas judicicales que van desde los 4.000 hasta los 6.000 euros por demanda. Por ello, Hostelería de España sugiere a sus socios reflexionar sobre la oportunidad de continuar adelante con el proceso o desistir. «Decimos como recomendación a todas las empresas que se pongan en contacto con sus abogados y evalúen individual y pormenorizadamente cada caso, porque merece la pena echar una segunda pensada a la luz de las sentencias que se están produciendo», remarca Gallego.

Las esperanzas de los hosteleros partían de la base de que, si bien la aplicación del estado de alarma de 2020 era legal, el Estado tenía que tener medidas compensatorias a la hora de imponer una serie de medidas sanitarias que suponían un perjuicio económicos para los sectores. Desde Cremades & Calvo-Sotelo, uno de los despachos que asesora, consideran «casi imposible» que en este momento el Tribunal Supremo acepte esta interpretación. «Sería muy difícil justificar dos interpretaciones diferentes de un mismo precepto legal. En esas circunstancias, el desistimiento de los recursos creemos que es la solución menos lesiva para nuestros clientes”, indican en un informe sobre esta cuestión.

Pese al varapalo, la patronal sostiene que tenía la obligación de estar al cabo de la calle en defensa de los intereses hosteleros. «Cuando en 2020 recomendamos que había que interponer demandas, lo hacíamos porque no podíamos dejar de reclamar por tierra, mar y aire, por cualquiera de las vías y cauces legales que pudiera haber, todo tipo de compensaciones, ayudas o contraprestaciones hacia nuestro sector», concluye Gallego. Gracias a esta actividad reivindicativa, lograron incorporar a la hsotelería en la gestión de los ERTE, consiguieron el apoyo de subvenciones habilitadas por parte de los gobiernos autonómicos y exenciones impositivas en las licencias de actividad.