Baleares y hostelería forman un binomio sensible. El papel decisivo que juega la actividad hostelera en la economía balear sitúa al archipiélago como una excepción única, tanto en España como en Europa. Con una facturación por encima de los 13.000 millones de euros en 2023, su contribución a la riqueza regional ascendía al 26,2%, cinco puntos más que Canarias, la segunda comunidad donde mayor peso tiene la hostelería. Y pese a que su alta dependencia del turismo internacional jugó en contra durante la pandemia, ya se encuentra muy por encima de los niveles anteriores a la crisis sanitaria. De hecho es la que mejores incrementos interanuales viene experimentando desde entonces.

El buen estado de forma de la hostelería balear queda patente en los niveles de ocupación y gasto registrados en 2024. Actualmente aglutina a más de 150.000 trabajadores, el 6,7% de la fuerza laboral sectorial en toda España y el 20% del empleo en la comunidad. Son cifras que hablan de la influencia que tiene la actividad como motor económico y modelo de referencia para el resto de la industria. Un valor estratégico que se pone de manifiesto en las negociaciones del nuevo convenio colectivo de la hostelería balear.

Este jueves se ha constituido la mesa negociadora del convenio colectivo con más de 40 agentes económicos y sociales. Las negociaciones se realizarán cada tres semanas con un horizonte hasta el mes de mayo, aunque por los primeros contactos ya se antoja que serán intensas. El convenio balear de hostelería sirve de referencia en toda España y los sindicatos ven su renovación como una oportunidad para sentar las bases de una nueva hostelería, más conciliadora, sostenible y mejor retribuida. No obstante, desde el primer momento está quedando clara la dificultad de poner en común los distintos intereses en un sector de lo más diverso en cuanto a estructura y realidades de negocio.

Subida salarial

En primer lugar, los sindicatos quieren conseguir una subida salarial para los trabajadores que supere el incremento del 8,5% del anterior convenio. Consideran que la inflación, junto al encarecimiento de la vivienda y la cesta de la compra han neutralizado el aumento del 25,5 % experimentado por el sector en los últimos siete años. «Nosotros de lo que queremos hablar es de subidas salariales importantes” en un sector que ya no es que vaya “como un tiro, sino que va como un cañón”, advierte José García Relucio, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Baleares.

Para Relucio, las empresas “no reparten beneficios” y el nuevo convenio es la mejor oportunidad para que «repercutan en los salarios». Desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca reconocen la necesidad de aplicar un incremento salarial. Su presidente, Javier Vich, se ha comprometido a adecuar la subida al nivel de vida de las islas, pero ligado a la productividad y la cualificación, siempre que se tenga en cuenta la falta de personal.

La restauración defiende que no puede asumir una subida salarial al nivel de los hoteles

La federación hotelera tiene mayoría absoluta en la representación empresarial (ocho de quince miembros de la mesa negociadora), al igual que un UGT que ostenta nueve asientos en la sindical. En la práctica, supone que ambas organizaciones tienen capacidad para suscribir un pacto vinculante para todo el sector. En cambio, el voto de los representantes de discotecas, bares y restaurantes no decide y tienen que llegar a acuerdos con los hoteleros. Es el caso de las asociaciones CAEB Restauración; Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (ABONE); PIME Menorca; Asociación Menorquina de Cafés, Bares y Restaurantes y Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (PIMEEF).

Sin embargo, la restauración balear ve inasumible aplicar subidas salariales en los términos que plantean los sindicatos. Su temporada de 2024 ha sido más floja que la de años anteriores y un simple incremento del 5% en los sueldos pondría en riesgo la viabilidad de muchos negocios, que en el caso de bares y restaurantes suelen ser familiares.

Reducción de jornada y carga laboral

Al margen de salarios, el principal escollo en las negociaciones puede venir de la reducción de jornada. Vich insiste en que, antes de plantear subidas, «primero hay que esperar a ver cómo afecta a los negocios la reducción de la jornada laboral de 37 horas y media que el Gobierno aprobará este año». CCOO cree que seria bueno aprovechar la inercia de legislación nacional para fijar 37,5 horas semanales, mientras UGT aboga por las 35 horas.

Frente a estas reclamaciones, las patronales ven difícil una aplicación en el sector servicios, ya que supondría renunciar a 20 horas mensuales por trabajador, cuando encontrar personal se ha convertido en el gran obstáculo del sector insular. Teniendo en cuenta además que una parte de la fuerza laboral es esstacional.

Por otro lado, las partes negociadoras medidas sobre salud laboral, cargas de trabajo, conciliación familiar y formación. A este respecto, UGT señala que “la medida estrella” en el anterior convenio fue la medición de las cargas de trabajo de las camareras de piso. Tras denunciar que «la mayoría de los hoteles no lo han hecho», pide que se incluya al personal de cocina y comedor y se prevenga el estrés térmico en cocinas como al aire libre.