El Parlament de Catalunya ha sacado a concurso el servicio de restauración y máquinas de vending con un presupuesto base de más de 1,15 millones de euros para tres años, en un contrato que combina subvención pública al operador con precios limitados para los usuarios.
El pliego dibuja un modelo híbrido poco habitual en restauración colectiva institucional: la Administración garantiza al adjudicatario un ingreso anual máximo de hasta 260.401 euros sin IVA —con una parte fija del 40% y otra variable ligada a calidad del servicio—, mientras que los usuarios pagan precios regulados por los menús y productos de cafetería.
Menú diario con techo de 12,23 euros
Uno de los puntos clave del concurso es el precio del menú. El pliego establece un máximo de 12,23 euros (sin IVA) para el menú de autoservicio, que se convierte en referencia directa para la adjudicación, ya que las ofertas deberán plantear descuentos sobre esta cifra.
A este menú base se suman otras dos categorías:
- Menú ejecutivo, con un máximo de 23 euros
- Menú degustación, con un tope de 17 euros
Este esquema sitúa la oferta en un rango medio dentro de la restauración colectiva institucional, pero con un enfoque más amplio que incluye distintos niveles de servicio.
La calidad del servicio tendrá un impacto directo en los ingresos del adjudicatario
El 60% del pago, condicionado a la calidad
Más allá del precio, el contrato introduce un elemento diferencial: la calidad del servicio tendrá un impacto directo en los ingresos del adjudicatario.
El 60% de la retribución pública está ligado al cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS), que evaluarán aspectos como la operativa, la satisfacción o la ejecución global del servicio.
Además, se contempla una partida adicional de hasta 10.000 euros anuales destinada a incentivos salariales para el personal, vinculados también al cumplimiento de objetivos.
Cocina saludable, local y con sello sostenible
El pliego refuerza una orientación gastronómica muy definida. Las empresas deberán presentar una propuesta basada en una cocina mediterránea, saludable y de proximidad, con presencia de productos ecológicos y de comercio justo.
La exigencia va más allá de la carta: se pide planificación de menús por semanas, control nutricional, variedad de oferta en cafetería y vending saludable, así como servicios de catering para la actividad institucional.
En este sentido, destaca la obligación de que al menos el 30% de los productos cuenten con certificaciones de calidad, un requisito que apunta directamente a reforzar la trazabilidad y el posicionamiento sostenible del servicio.
Más que cafetería: catering y eventos
El contrato incluye también una bolsa de gasto adicional para cubrir servicios vinculados a la actividad parlamentaria, como actos o eventos, con una dotación anual de más de 64.000 euros que se activará según necesidades.
Este componente amplía el alcance del contrato, que no se limita a la restauración diaria sino que incorpora una dimensión de catering institucional.
Con una duración inicial de tres años, prorrogable hasta cinco, el concurso refleja una tendencia creciente en la restauración pública: precios controlados para el usuario, mayor exigencia en sostenibilidad y calidad, y sistemas de pago vinculados al rendimiento.