El comercio en general y la hostelería en particular hacen los deberes de cara a la futura entrada en vigor de la Ley Antifraude. Con la cuenta atrás ya activada para la aplicación de las nuevas disposiciones a partir del 1 de julio de 2025, los negocios de restauración y alojamiento están acelerando la actualización de sus dispositivos de pago TPV y software de facturación para evitar las temidas sanciones.

Con el objetivo de combatir el fraude fiscal y promover la transparencia, la nueva normativa impone importantes cambios en el sector y exige una actualización total de los sistemas de facturación y terminales de punto de venta, con la amenaza de sanciones que van desde los 50.000 hasta los 150.000 euros.

La nueva Ley introduce medidas como la facturación electrónica obligatoria y la prohibición de la doble contabilidad. Estas disposiciones buscan garantizar la integridad y autenticidad de todas las transacciones comerciales.

Los estbalecimientos deberán destinar recuros a la renovación de sus TPV

En el caso de los establecimientos hosteleros, muchos de los cuales operan con márgenes ajustados, deberán destinar recursos a la renovación de sus TPV para que cumplan con los nuevos requisitos de homologación y facturación electrónica obligatoria. Este proceso requiere una inversión significativa, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que, además de adquirir tecnología compatible, deberán formar a sus empleados en el uso de estos sistemas, asegurando que las transacciones se registren de manera precisa y sin posibilidad de manipulación.

Uno de los mayores desafíos será la capacitación del personal, un aspecto crítico para que los negocios hosteleros se adapten a los cambios sin incurrir en errores que puedan derivar en sanciones. La curva de aprendizaje de los nuevos sistemas y las normativas fiscales exigirá tiempo y esfuerzo, además de la implementación de controles adicionales para cumplir con las exigencias legales.

Tarea compleja

El sector del comercio y la hostelería ha manifestado su preocupación por los costos y la complejidad técnica de la implementación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. No en vano, las sanciones por incumplimiento de la Ley Antifraude pueden ser severas para los negocios de hostelería y comercio, con multas que pueden alcanzar hasta los 150.000 euros en los casos más graves.

“Las empresas del sector deben iniciar cuanto antes el proceso de actualización de sus sistemas para adaptarse a las nuevas exigencias legales y prevenir sanciones”, señalan los expertos, quienes recuerdan que el impacto de la nueva normativa no se limita solo a los TPV, sino que abarca todos los sistemas de facturación utilizados por las empresas.

«La implementación de los nuevos sistemas puede ser una tarea compleja, pero es fundamental para evitar problemas y asegurar la integridad de las transacciones”, recuerdan desde La Casa del TPV, empresa de distribución de terminales punto de venta y software para pequeños comercios, hostelería, peluquerías y negocios
de autónomos.