España se está quedando sin bares. Un fenómeno que parecía impensable en el país de los bares, pero que viene motivado por la pérdida de uno de cada diez establecimientos en la última década. Desde 2010 han desaparecido 24.470 tabernas y tascas, reduciendo el censo a 175.029 locales a principio de 2022 según el último Anuario de Hostelería de España.

Este declive del negocio hostelero de referencia responde a un cambio estructural del propio sector, en el que los pequeños locales van dando paso a otros más grandes y con mayores posibilidades comerciales. Sin embargo, en los núcleos con menos población no siempre se produce esta transición, como refleja el problema de que 1.435 municipios en España, el 17,7%, no tiene establecimiento de hostelería, ni siquiera bares de pueblo. La inmensa mayoría son pequeños municipios en los que el tamaño medio ni siquiera llega a los 100 habitantes (el 99,5%), de acuerdo con un estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

Por comunidades, Castilla y León concentra casi la mitad de la población que vive en municipios sin bares. En un intento de revertir esta situación, el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, ha presentado en las Cortes la convocatoria de una nueva línea de ayudas dirigida a municipios de menos de 100 habitantes para promover la apertura de un bar o de un centro de ocio y convivencia social, o su mantenimiento en el caso de que la entidad local cuente ya con un establecimiento de este tipo. Esta subvención será de 3.000 euros por solicitud, para gastos corrientes en suministros de luz, agua, calefacción, etcétera.

Unas 142.000 personas viven actualmente sin un bar de referencia en su municipio

El consejero ha defendido esta nueva ayuda como una medida concreta, eficaz y tangible que responde a una demanda real de los vecinos de los pequeños núcleos de población: “Estos vecinos precisan especialmente de un sitio en el que poder compartir vivencias y relacionarse socialmente. Esta función la ha cumplido tradicionalmente el bar, cafetería o establecimiento similar, que además evita la soledad, la desintegración social, e incluso permite detectar situaciones de problemas de salud, de vulnerabilidad o de desamparo”.

Esta iniciativa supone un primer paso hacia la protección de los bares de toda la vida, pero no es la única. La plataforma política de la España Vaciada pretende acometer los cambios legislativos necesarios para que bares de pueblo y pequeños comercios sean incluidos entre las entidades comprendidas en la economía social. Ello garantizaría su viabilidad al beneficiarse de las ayudas que corresponden para ser viables en el largo plazo.

Desde Teruel Existe, una de las marcas más reconocibles de la España Vaciada, ya consiguieron que esta reivindicación se comenzara a tramitar en el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura, pero el adelanto electoral obligó a su paralizaciónn. De cara a la nueva legislatura, pretenden pretenden modificar el artículo 5 de la Ley 5/2011, de Economía Social para incluir a los negocios mencionados en el texto legislativo.

Según estiman, unas 142.000 personas viven actualmente sin un bar de referencia en su municipio, la mayoría de menos de 100 habitantes. “Esto, que en el Congreso y el Senado puede parecer irrelevante, para nuestros vecinos es muy importante”, destacan desde la formación.