En el año 2020, el peor para la hostelería en muchas décadas, Gadea Group abrió 32 locales nuevos gracias al filón de las franquicias y las cocinas fantasmas. Bajo este mismo modelo en 2021, con cinco marcas en su haber, materializó una expansión por buena parte del territorio nacional. El grupo gallego todavía tendría margen para exprimir durante dos años más una fórmula empresarial de captación y crecimiento que actualmente está siendo investigada como un presunto intento de estafa conjunta.

Según la investigación realizada por Sivarious, un grupo de un centenar de personas han interpuesto una demanda colectiva contra Gadea Group, dueño de marcas como No Mames Wey, Sushimore o Bar de Fuegos. Ante la Audiencia Nacional, acusan a su equipo directivo, a la propia sociedad y varias de sus filiales por un delito de estafa, organización criminal, administración desleal y apropiación indebida.

En la demanda se presentan cargos contra una treintena de sociedades pertenecientes o vinculadas a Gadea Group, además de contra Roger Antelo, consejero delegado de la compañía hasta el pasado mes octubre; y otros socios de la compañía. Contactado por este medio, Antelo sostiene que no le consta esta denuncia pero que, si llega, se opondrá «puesto que no se ajusta a la realidad».

Entre los personados en la causa figuran tanto inversores y franquiciados como proveedores y acreedores

El despacho encargado de la demanda colectiva es Teresa Bueyes Abogados, que representa a más de cien demandantes organizados en torno a una plataforma de afectados por Gadea Group, Entre los personados en la causa figuran tanto inversores y franquiciados como proveedores y acreedores, pero las fuentes consultadas indican que hay más afectados dispuestos a emprender querellas por su cuenta, incluidos exempleados a los que se dejó a deber. En la mayoría de casos reclaman pérdidas económicas que van desde los 5.000 hasta los 300.000 euros y, aunque no hay cálculos del perjuicio total causado, se estima que asciende a millones de euros.

Una de las personas afectadas relata que el modus operandi de Gadea Group correspondía, en primer lugar, con una captación indiscrimada de socios, ya fueran franquiciados o inversores. «A través de redes sociales veías que No Mames Wey o Sushimore hacian un crowdfunding para abrir locales, y en cuanto contactabas no dejaban de insistirte con cifras de supuestos casos de éxito de otros franquiciados».

Una vez se decidía invertir en algunos de los negocios, denuncia que nunca llegaba a conocer las cifras reales de las operaciones. A priori, los franquiciados tenían acceso a una plataforma desde la que podían monitorizar los gastos en caja, pero la mayoría de las veces tan sólo figuraban cafés y desayunos. «Un franquiciado fue a consumir a uno de los locales en los que tenía participaciones y comprobó que no quedadaba registrado. Pasaban facturas con conceptos que nadie entendía y que engordaban hasta secar los restaurantes».

Al pedir explicaciones, los responsables de la compañía justificaban que no salían los números. Ante la falta de iniciativas para reconducir la situación, muchos restaurantes terminaban cerrando y el grupo pasaba a declararlos como un negocio fallido. «Sobre el mismo local buscaban varias rondas de financiación, pero repercutían tantos gastos que estaba en negativo». Como fruto de estos cierres, durante el último año Gadea Group ha pasado de 54 a 14 locales.

Desde el entorno de la acusación señalan que hace unas semanas, al conocer el proceso de querella, la compañía dio la opción de firmar un nuevo contrato por préstamo, en el que se comprometían a devolver el dinero sin unos plazos definidos. Opción que habría sido aceptada por algunos de los afectados. No obstante, se calcula que el número de damnificado asciende a más de 200.