Afectados por Restalia en Italia planean sumarse a la macro denuncia de franquiciados
Las primeras informaciones hacían intuir la magnitud del proceso, pero el caso Restalia va camino de adquirir una dimensión internacional. Sobre todo si los acontecimientos se desarrollan según lo previsto, ya que franquiciados de Italia estudian sumarse la posibilidad de sumarse a la denuncia por presunta estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos contra el grupo de restauración.
Fuentes legales cercanas al caso explican a Sivarious que decenas de familias italianas se han puesto en contacto con abogados a cargo de la representación de los franquiciados presuntamente afectados para analizar las posibilidades de personarse en una causa en la que hay un centenar de denunciantes.
La denuncia, interpuesta por los despachos Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados, va dirigida contra el dueño del Grupo Restalia, José María Fernández Capitán, la propia sociedad y varias de sus filiales como 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger (TGB), así como a una veintena de responsables del grupo.
Según la información consultada por este medio, los franquiciados italianos planean unirse en pie de igualdad como una única respuesta posible a «una situación económica muy compleja», derivada de la apertura de locales de la cadena 100 Montaditos en el país transalpino. De hecho, algunos afirman que cerraron su negocio hace tiempo y se declaran arruinados. Así pues, lo harían en calidad tanto de franquiciados como de exfranquiciados.
Desde los despachos encargados de la denuncia sospechan que hay más afectados de otros países dispuestos a iniciar los trámites judiciales
Restalia cerró el año pasado con 752 unidades de negocio en sus divisiones española e internacional de franquicias (639 en nuestro país y 113 en el extranjero). Alrededor de una treintena se ubican en Italia,donde tiene una presencia destacada desde su aterrizaje en 2014. También opera en otros 12 países europeos, además de en Estados Unidos y Latinoamérica. El hecho de que la compañía promueva el mismo sistema de franquicia en todo el mundo hace sospechar a los abogados la posibilidad de que haya más interesados de otros países en iniciar los trámites judiciales.
Las firmas encargados de la ausación tienen constancia de que el grupo hace entrega a sus franquiciados de un plan de viabilidad que, en todos los casos gestionados, resultan irreales. «Este engaño original es el que ha precipitado que firmen un contrato de franquicia», sostienen las fuentes consultadas en relación a un modus operandi que impide cumplir los objetivos de facturación anual, recuperación de la inversión o rentabilidad. Prueba de ello es que las ofertas y promociones provocan pérdidas a los franquiciados.
Los peritajes llevados a cabo por los bufetes apuntan a una pérdida de entre 300.000 euros y 600.000 euros por franquiciado, con un perjuicio económico superior a los 25 millones de euros. «Hay una captación indiscriminada de franquiciados bajo promesas de alta rentabilidad, de rápida recuperación de la inversión inicial y de una mesa de compra», relataba hace semanas Rafael Franco, quien en ningún momento cuestiona el modelo de franquicia como negocio.
