Aena ha encendido las luces de emergencia. En un comunicado enviado a la CNMV, la compañía lanza una advertencia directa al Congreso tras la aprobación en el Senado de una enmienda del Grupo Popular al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que podría “congelar” las tarifas aeroportuarias.
Subraya que desde la entrada en vigor de la Ley 18/2014 y su salida a bolsa en 2015, el turismo y el transporte aéreo en España “han experimentado un boom de grandes proporciones”, decisivo para el crecimiento económico del país. Un éxito, afirma, que no habría sido posible “sin el buen funcionamiento de los aeropuertos españoles y de Aena”.
“Gramática brumosa” y dudas jurídicas
El operador aeroportuario centra buena parte de su reflexión en la técnica legislativa utilizada por el PP, que califica de “singular”, con un texto “gramática y léxicamente brumoso” que “produce confusión sobre su interpretación y alcance precisos”. Según Aena, la enmienda plantea dudas sobre su encaje legal y constitucional, tanto por su contenido —“difícilmente compatible” con el sistema basado en la recuperación de costes— como por su “confección técnica”, que generaría “inseguridad jurídica” en el sector.
El comunicado recuerda que el marco regulador actual, establecido en 2014, fue impulsado precisamente por el Partido Popular. Por ello, Aena considera “incongruente” que ese mismo partido promueva ahora una medida que “deforma la coherencia económico-financiera” de la ley y obligaría a revisar el plan de inversiones previsto en los aeropuertos españoles para los próximos años.
Billetes más caros, tasas estables
La compañía aporta además un dato clave al debate: entre el verano de 2022 y el de 2025, los precios de los billetes de avión han aumentado un 28% en los vuelos nacionales y un 9% en los internacionales, mientras que las tarifas aeroportuarias de Aena solo lo han hecho un 4,6%. Según el comunicado, “no existe una correlación estadísticamente significativa entre los precios de los billetes y las tarifas de Aena”, ya que estas representan “un porcentaje reducido del precio del billete de avión”.
En otras palabras, el aumento de las tasas aeroportuarias tiene un “impacto muy pequeño” en la decisión de volar de los pasajeros.
Inversiones en riesgo
Aena defiende que durante los últimos diez años ha podido limitar la subida de sus tarifas porque no fueron necesarias grandes inversiones, pero que ahora el contexto ha cambiado. Señala que “hace falta más capacidad para acomodar la demanda aérea futura y no estrangular el crecimiento”, así como reforzar la seguridad física y la ciberseguridad de unas infraestructuras que califica de “críticas”.
Si la enmienda prosperara, advierte, y las Cortes limitaran por ley la remuneración de su actividad “sin ningún argumento económico racional”, el daño al sistema aeroportuario y a sus accionistas “podría ser considerable”. La compañía anticipa que, en tal caso, debería “revisitar las inversiones previstas”, lo que “podría afectar negativamente a los territorios de España que albergan las infraestructuras”.
Aena defiende que el marco regulador y el modelo empresarial aprobados hace una década “fueron un acierto”, gracias a los cuales se ha convertido en “una compañía líder mundial” y “un referente” en eficiencia y gestión. Por eso, considera “desconcertante” el intento de alterar “unas reglas de juego transparentes” en un sector regulado que, según afirma, “funciona bien”.
Finalmente, la empresa apela al interés general y llama a una “reflexión grave” sobre el impacto de la propuesta legislativa. Advierte de que una medida de este tipo “introduciría inseguridad regulatoria y jurídica en la economía española” y que sus “efectos tóxicos” podrían afectar a la confianza de los inversores internacionales y “enturbiar la buena imagen y la probada seriedad económica de España”.