Desde hace años, el sector turístico español fantasea con perseguir una cifra que para algunos representa un hito y, para otros, un desafío: rebasar la marca de los cien millones de visitantes extranjeros. En el ejercicio pasado, España se quedó a las puertas de ese objetivo al recibir cerca de 94 millones de internacionales, dejando atrás los 85 millones de 2023.
Los datos muestran una evolución constante que alimenta el optimismo de buena parte del sector, confiado en que España podría celebrar este año el logro de convertirse en el segundo país del mundo en alcanzar esta cifra redonda, solo por detrás de Francia. Pero hay cifras que representan mucho más. De hecho, los datos de verano reflejan que este 2025 no será cuando se cumpla ‘la fantasía’. En este sentido, el INE señala que en agosto llegaron a nuestro país algo más de 11,2 millones de visitantes extranjeros. El dato más alto de la historia, pero insuficiente para llegar a los cien millones a 31 de diciembre.
Ya sea desde la perspectiva de un bando o desde el otro, cien millones de turistas son muchos turistas, y hay que tener la capacidad y los recursos para no morir de éxito. Ante este escenario, y con el fin de gestionar el impacto del turismo y financiar mejoras en infraestructuras y servicios, ciertas Comunidades Autónomas y municipios españoles han comenzado a aplicar la tasa turística.
Mientras que en algunas regiones y ciudades de España se implementa este impuesto desde hace años, como Cataluña, donde se introdujo la tasa turística en el año 2012, o las Islas Baleares, que aplican el Impuesto de Turismo Sostenible, conocido como «ecotasa», desde 2016, hay algunas que se oponen a utilizar este instrumento. Así es el caso de la Costa del Sol, que ha mostrado públicamente su rechazo ante la tasa.
En concreto, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha manifestado su oposición a la aprobación de la tasa turística por las consecuencias negativas que esta generaría en la industria turística, al tiempo que ha criticado que dicha tasa “es en realidad un impuesto, sin retorno inmediato para la industria turística y sin garantías para aumentar el parque de viviendas”.
“Somos conscientes del déficit de la administración local para prestar servicio a sus ciudadanos, pero la aprobación del impuesto turístico afectaría muy negativamente a la competitividad del sector y, por extensión, al conjunto de la economía local y regional”, ha asegurado el presidente de la patronal hotelera malagueña, José Luque.
A su vez, el presidente de Aehcos ha añadido que “su implantación no tendría un retorno garantizado con una finalidad concreta porque los impuestos carecen de objetivo finalista, es decir, su recaudación pasa al conjunto de ingresos de las administraciones sin un objetivo concreto. Al final, la economía del conjunto de la sociedad se vería afectada porque el incremento de costes se trasladaría al incremento del IPC, y, por tanto, a la inflación general”.
En un comunicado de prensa, Luque también ha hecho referencia a experiencias como la de Baleares o Cataluña, “donde ya se ha podido constatar que el supuesto sentido finalista de ese impuesto no se ha cumplido, ya que el dinero recaudado está siendo destinado a corregir déficits de financiación de otros servicios públicos”.
La Costa del Sol rechaza la tasa turística
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Aehcos, Javier Hernández, ha enumerado los riesgos de la medida. Entre ellos, destaca el aumento de costes para los turistas, el menor gasto en destino, la pérdida de empleo, el impacto negativo en el comercio y el desincentivo del turismo nacional. Desde su punto de vista, no se han estudiado con detalle las consecuencias de una decisión “tan trascendente de imputar sobrecostes a la mayor industria de nuestra provincia”.
A su vez, desde la asociación se ha recalcado el agravio fiscal comparativo entre las distintas comunidades autónomas que supone la creación de este nuevo impuesto, ya que su implantación es una decisión de cada Administración autonómica.
Un impuesto que afectaría de forma directa a todos los andaluces y malagueños que quisieran disfrutar de sus períodos de ocio en Andalucía.
Por otro lado, Aehcos ha destacado que, en 2024, según datos de Turismo y Planificación Costa del Sol, Málaga recibió 14,47 millones de viajeros y generó un impacto económico superior a los 21.223 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,9% con respecto al año anterior. En cuanto a la totalidad de Andalucía, el turismo representa en torno al 12% del PIB andaluz y al 12,5% del empleo, lo que equivale a más de 400.000 personas vinculadas de forma directa o indirecta a la industria turística.
La tasa turística, ¿una pérdida de competitividad?
Este incremento en los precios, insisten desde Aehcos, incidiría negativamente en el bolsillo de las familias y por consiguiente en la satisfacción del turista, lo que dañaría la fidelización y prescripción de nuestros visitantes y se traduciría en una pérdida de competitividad de nuestros destinos.
“La solución no puede pasar por gravar directamente al visitante, sino por avanzar hacia una gestión inteligente de los flujos turísticos”, detalló José Luque.
Por otra parte, desde la patronal hotelera de Málaga se reitera que la aplicación de un impuesto turístico no implica la captación de un turismo de calidad. Ya que la calidad del turismo no viene definida por el mayor o menor coste de las vacaciones o el poder adquisitivo de los viajeros, sino por la oferta segmentada o diferenciada en base a la diferenciación en experiencias del viajero tal y como argumentan los profesionales del sector.
“Frente a la denominada tasa turística, desde Aehcos proponemos explorar otras vías de financiación para los municipios turísticos, como subvenciones estatales o procedentes de fondos europeos, y en lugar de implantar una tasa general, defendemos el estudio e impulso de programas e iniciativas específicas enfocadas a fomentar la sostenibilidad y la eficacia de la gestión turística, allá donde sea necesario”, ha concluido José Luque.